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martes, 15 de mayo de 2018

Continúa el debate sobre la detención de los ambientalistas

Por Mayli

Las autoridades peruanas analizan el caso contra activistas ambientales por protestas mineras, una vez que les fue negada la absolución el año pasado, y un juez la semana pasada reabrió el caso contra ellos, acusándolos de extremistas. Amnistía Internacional llamó la atención del caso a nivel mundial, y alertó al gobierno peruano.

Un caso de seis años contra activistas ambientales continuará arrastrándose después de que un juez de Perú decidió esta semana anular una absolución del año pasado. Los tres líderes de derechos humanos de Espinar, Perú, en la región de Cuzco están siendo acusados en conexión con huelgas y protestas organizadas en la mina Tintaya en mayo de 2012. El ex alcalde de Espinar, Oscar Mollohuanca Cruz es uno de los acusados, junto con Herbert Huamán y Sergio Huamaní.

Amnistía Internacional ha informado que los hombres fueron arrestados sin las debidas garantías y que pasaron cinco años en prisión desde 2012 hasta su absolución el 17 de julio de 2017. Los cargos específicos de Mollohuanca son presuntos delitos de agredir a un agente del orden público, obstrucción de los servicios públicos y causar disturbios. La Fiscalía, que solicitó la apelación en julio pasado, ha pedido hasta 18 años de prisión para cada uno de los tres activistas.

En el momento de las protestas, los enfrentamientos entre la policía y los huelguistas provocaron dos muertes y unas 50 personas heridas. Los hombres protestaban después de que estudios ambientales mostraron que la mina Tintaya, propiedad de la compañía suiza Xstrata, podría causar una contaminación generalizada a nivel local. Por ello tomaron las carreteras de la zona, pero el gobierno les mandó a callar a la fuerza.

El entonces presidente Ollanta Humala, controvertidamente, dio luz verde para que sus militares confrontaran físicamente a los manifestantes que su gobierno llamaba "extremistas" e hizo ilegal que la gente protestara por los proyectos mineros. Humala también se vio envuelto en una controversia a través del proyecto Conga en Cajamarca al mismo tiempo. A pesar de que los manifestantes dijeron que la mina contaminaría las fuentes locales de agua, Humala permitió que su ejército realizara arrestos sin orden para ello. El proyecto se cerró más tarde en 2016 debido a las preocupaciones ambientales y la activista Máxima Acuña, quien ganó el estimado premio Goldman por sus esfuerzos de protesta.

La minería en Perú es un gran negocio y, en los próximos cuatro años, se espera que el país reciba 20 mil millones de dólares en inversiones mineras. Por ello se hace muy difícil el trabajo de los ambientalistas a este nivel, porque la corrupción avanza. Los funcionarios de Amnistía Internacional en Perú y América del Sur hicieron un llamamiento a las autoridades peruanas para que no penalicen a los protectores del medioambiente. "El caso de los defensores de Espinar es un claro ejemplo de cómo la receta para la criminalización se usa contra los defensores de los derechos humanos que trabajan para proteger la tierra y el medio ambiente en Perú", dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.