Fujimori vuelve a estar del lado de los acusados
El ex presidente peruano, Alberto Fujimori, recientemente indultado, por otro ex presidente, tendrá que volver a comparecer en un juicio en el caso de esterilizaciones forzadas de más de 2 mil mujeres indígenas, durante su gobierno, un programa que se comprobó, era financiado desde arriba. Además de Fujimori, otros 3 funcionarios de su gobierno, irán a juicio.
El fiscal Luis Landa ordenó que se presenten cargos de responsabilidad penal contra el ex presidente Alberto Fujimori y otras personas de su gobierno, incluidos tres miembros del gabinete, por las esterilizaciones forzadas de 2 166 mujeres durante el gobierno de Fujimori, quien recientemente fue indultado por otro ex presidente corrupto, Pedro Pablo Kuczynski, algo que es muy normal en Perú.
A pesar de que se presumía, que Fujimori, no volvería al banquillo de los acusados, tiene las manos demasiado sucias, para ser perdonado, a pesar del acuerdo de los Fujimori, con el otrora presidente, para conseguir su salida de prisión. Fujimori estaba cumpliendo una sentencia de 25 años por crímenes contra los derechos humanos por los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta, pero no sobre las esterilizaciones forzadas, ya que en 2015, un fiscal dijo que no había pruebas, cuando realmente sobraban. Él ahora vive en un suburbio en el sureste de Lima. Entonces se dictaminó que ni Fujimori ni sus ministros eran responsables, a pesar de la evidencia de que el programa de esterilizaciones era una política del gobierno que incluía cuotas para diferentes regiones de la sierra andina y la selva. Los más pobres siempre sufriendo las consecuencias.
Landa ordenó a la fiscal Marcelita Gutiérrez, la misma que lo cerró en diciembre de 2016, que reabriera el caso tras la apelación presentada por varias mujeres en la actualidad, respaldadas por la organización de defensa de las mujeres. La denuncia inicial fue presentada por 2,166 mujeres hace 15 años, que fue seguida por un largo proceso de investigación, pero no dio resultado.
Además de Fujimori, los cargos están en contra de tres de sus ministros de Salud, su actual médico personal, y el jefe del Programa Nacional de Salud Reproductiva, Jorge Parra. La oficina del Defensor del Pueblo verificó 272.028 ligaduras de trompas y el programa realizó 22.004 vasectomías, casi todas para personas pobres de habla quechua en áreas rurales. Muchas mujeres aceptaron voluntariamente la cirugía, pero hay muchos testimonios de coacción y engaño, de humillación y maltrato, de dolor e infecciones a largo plazo. Un trato, que toda Comisión de Derechos Humanos, calificó de muy grave, y solo en Perú, se ha dejado pasar de largo.
Afortunadamente, parece que Fujimori, esta vez, volverá al banquillo de los acusados, de donde no debe salir mucho, porque en junio, será sometido a juicio, por responsabilidad penal en el asesinato en 1992 de seis hombres en la comunidad agrícola de Pativilca.
