Mano dura con los pedófilos en Perú
El gobierno peruano busca poner más mano dura sobre los pedófilos, recurriendo a la castración química contra los perpetradores, dado que en caso de cadenas perpetuas, y largas condenas, se ha reiterado el acto, y los números en algunos departamentos del país, siguen creciendo. El propio presidente del país, es quien está al frente de la campaña.
El Congreso de Perú votará si se aprueba o no la castración química para aquellos que son condenados por agredir sexualmente a menores de 14 años. Se informó que la primera votación sobre esta medida se llevó a cabo el jueves pasado, donde el Congreso votó por unanimidad para dar una sentencia de cadena perpetua a los pedófilos. El voto por castración química, que sería aplicable solo en los casos en que el juez lo juzgue necesario, tuvo 68 votos a favor, siete en contra y 28 abstenciones.
El congresista del partido político de centro derecha, Acción Popular, Yonhy Lescano presentó la iniciativa, y en Twitter escribió que una cadena perpetua por sí sola no marcaría la diferencia. “Con posiciones tan tibias y sin mano dura no terminas con los violadores ni con los delincuentes. Mano dura contra el delito. La cadena perpetua no ha disminuido nuevos casos ni violadores, hace falta medidas complementarias”, expuso el congresista. Aunque el presidente del país, se ha mostrado a favor de la mano dura, aún así Lescano, lo calificó de tibio ante la medida de la castración. "Con tales posiciones indiferentes y sin línea dura contra el crimen, no nos desharemos de violadores o criminales", continuaba en otro tweet.
La castración química es una inyección que utiliza productos químicos como alternativa a la castración física, eliminando la libido sexual al inhibir la producción de testosterona. Es legal en nueve estados en los Estados Unidos, así como en Rusia, Polonia, Moldavia, Estonia, y Corea del Sur, y otros países lo proporcionan si se solicita voluntariamente. A pesar de la alta calificación de aprobación en la votación primaria, hay muchos que están en contra de esta nueva propuesta. El primer ministro, César Villanueva, y el jefe de la judicatura, Duberlí Rodríguez, expresaron públicamente su posición en contra de esta medida. Villanueva dijo que la medida no resolvería el problema y Rodríguez advirtió que la castración química no cambiaría la mentalidad del agresor. "Si simplemente vamos a inhibir los niveles de testosterona, que es un área hormonal, estamos dejando el área de la salud mental de la persona prácticamente intacta", dijo Rodríguez.
Psicólogos y sociólogos apoyaron esta afirmación, explicando que la violación no siempre es un acto sexual, y que puede ocurrir sin deseo sexual mientras sigan siendo individuos patológicamente violentos. Otros argumentan que la penetración no implica necesariamente un pene, y puede ocurrir con otras partes del cuerpo o con objetos. Otros argumentos en contra de la medida incluyen el precio, ya que una sola inyección cuesta alrededor de 1000 soles (310 dólares), y la inyección debe darse cada tres meses, lo que significa que costaría al estado más de 4.000 soles (1200 dólares) al año por cada pedófilo convicto.
