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viernes, 11 de mayo de 2018

La justicia no apoya a los defensores del medio ambiente

Por Eme

En Perú, las autoridades están criminalizando a los defensores de los derechos humanos al anular la sentencia de absolución en el caso de tres defensores del Medio Ambiente, en el sur del país. Según Amnistía Internacional, este hecho rememora como la justicia en Perú utiliza la cárcel como arma para hostigar.

Las autoridades peruanas deben dejar de utilizar indebidamente el sistema de justicia penal para hostigar a los defensores de los derechos humanos, dijo Amnistía Internacional, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Ica para anular una sentencia de absolución e iniciar nuevos procedimientos contra tres defensores del medio ambiente de la sureña provincia de Espinar en Perú.

Según AI, la utilización de estas normas judiciales, hace que los defensores del Medio Ambiente, y otros derechos humanos en Perú, se sientan hostigados, y acumulen miedos, para enfrentarse a los grandes consorcios, que manejan mucho dinero, incluso en las cortes. Dijo que la decisión de la Alta Corte de Justicia, lo que hace es dar un duro golpe para aquellos que trabajan para defender los derechos humanos, y lo que intenta, en verdad, es silenciarlos.

Lo que debería hacer la justicia, según AI, es en lugar de criminalizarlos, las autoridades peruanas deben tomar medidas efectivas y oportunas para protegerlos. Pero, entre tantos intereses de millonarios, corriendo, seguramente, esa no será nunca la respuesta de la justicia peruana. Un país donde la corrupción es un flagelo común, hasta en las más altas esferas del poder peruano (sobre todo, la silla presidencial).

A mediados de esta semana, la Primera Sala de Apelaciones en lo Penal de la Alta Corte de Justicia de Ica anuló la sentencia absolutoria de primera instancia y ordenó la iniciación nuevamente del juicio contra los defensores del medio ambiente Oscar Mollohuanca Cruz, Herbert Huamán y Sergio Huamaní por los delitos de poner en peligro seguridad pública, obstruyendo los servicios públicos y causando disturbios civiles. Los cargos del Fiscal contra los tres defensores de los derechos humanos se basan únicamente en su papel como líderes comunitarios, por lo que automáticamente los consideran los organizadores de las protestas y los responsables de todas las actividades delictivas o daños causados.

Estas acusaciones constituyen una violación de las normas internacionales de derechos humanos. Los tres defensores fueron absueltos el 17 de julio de 2017, pero la Fiscalía apeló la decisión. Los cargos en su contra están relacionados con su participación en varias protestas sociales organizadas en mayo de 2012, cuando un gran número de personas de Espinar salieron a las calles para declarar una huelga frente a la extensión Antapaccay de la Mina Tintaya, con el objetivo de modificar las condiciones de los acuerdos entre la empresa minera y las autoridades sobre temas ambientales.